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La Policía hongkonesa prohibió hoy una marcha antigubernamental convocada por un movimiento opositor para el próximo jueves, Día Nacional de China, al considerar que infringiría las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 y podría desembocar en incidentes violentos.

Foto: Archivo

El Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF, por sus siglas en inglés), pretendía celebrar la tarde del 1 de octubre la primera marcha legal en la ciudad en meses para manifestarse contra la polémica ley de seguridad que Pekín impuso en la antigua colonia británica, en la que se registraron reiteradas protestas durante la segunda mitad del año pasado.

Asimismo, la organización buscaba instar a las autoridades a devolver a 12 hongkoneses detenidos en Shenzhen (sudeste de China) el mes pasado mientras supuestamente trataban de huir a Taiwán.

Como en ocasiones anteriores, la Policía alegó que este tipo de concentraciones tienden a degenerar en incidentes violentos y rechazó autorizarlo por motivos de seguridad pública.

El Frente aseguró hoy que recurrirá la decisión, aunque los convocantes no se mostraron optimistas respecto a una resolución favorable.

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La organización, que estuvo detrás de una serie de masivas manifestaciones -generalmente pacíficas- contra el Gobierno el año pasado, animó a los simpatizantes a “usar sus propios medios” para protestar ante la negativa de la Policía a permitir tales eventos.

El Gobierno hongkonés anunció esta semana que las restricciones a las reuniones se extenderán hasta el 1 de octubre, donde se prohíbe que más de cuatro personas se reúnan en público.

Las autoridades alegaron que la marcha aumentaría el riesgo de contraer el virus entre los participantes y que “también será una gran amenaza para la vida y la salud del público en general, poniendo en peligro los derechos de los demás”.

Asimismo, mencionaron el hecho de que actos pasados organizados por el CHRF desembocaron en violencia, dado que algunos manifestantes bloquearon carreteras y lanzaron ladrillos o bombas de gasolina.

“Dado que la atmósfera social sigue siendo inestable, después de una cuidadosa evaluación, la Policía cree que es muy probable que algunos participantes de la marcha se desvíen de la ruta propuesta y dañen violentamente edificios de alto riesgo”, apuntaron.

No obstante, cabe recordar que, en cada ocasión que la Policía ha denegado una autorización a las manifestaciones, la gente ha seguido saliendo a la calle de manera espontánea, y muchas de estas protestas improvisadas han terminado con enfrentamientos entre agentes y radicales.

Las protestas hongkonesas, que se convirtieron en masivas en junio del año pasado a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición -ya retirada-, han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos en la ciudad y una oposición al autoritarismo de Pekín.

Cuba reiteró este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su rechazo a la politización y la selectividad del sensible tema como instrumentos de ataque contra algunos países, refiere Prensa Latina en su portal web.

El diplomático cubano Lester Delgado señaló, al intervenir en la sesión 45 del órgano con sede en la ciudad suiza, Ginebra, integrado por 47 Estados miembros, que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, puesto que ocupa la chilena Michelle Bachelet, y su oficina debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

En su trabajo, la lucha contra la politización y la selectividad del asunto debería constituir un objetivo y una prioridad, subrayó en el debate sobre el tema dos de la agenda del Consejo, dedicado a analizar la gestión de la Alta Comisionada y su oficina.

El representante de la isla repudió la cruzada contra Venezuela y Nicaragua y expresó la solidaridad invariable de La Habana con esas naciones.

‘Exhortamos a la Alta Comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general’, afirmó en el foro.

Delgado recordó que el tema dos de la agenda no es para promover acciones desestabilizadoras e injerencistas, como ocurrió en los casos de Venezuela y Nicaragua, con la presentación de una alegada actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en esos países latinoamericanos.

Condenamos las medidas coercitivas unilaterales, las continuas amenazas, la desestabilización y la injerencia, entre otras agresiones, las cuales violan de una manera grave la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, manifestó aquí.

Cuba insistió en su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos y cuestionó que siga el uso de una narrativa manipulada e hipócrita a la hora de abordarlo.

Asimismo, ratificó su apoyo a la Alta Comisionada y a un mandato sustentado en el impulso al diálogo y la cooperación.

La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) citó a juicio disciplinario a los dos agentes de la Policía involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció hace una semana luego de ser sometido con brutalidad por los uniformados durante su arresto en Bogotá.

“La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a los patrulleros de la Policía Nacional Harby Rodríguez Días y Juan Camilo Lloreda Cubillos, en la investigación por la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez”, aseguró este miércoles la entidad en un comunicado.

Ordóñez, de 46 años, falleció en un clínica de la capital después de ser reducido con exceso de fuerza y el uso prolongado de una pistola eléctrica táser por los dos agentes en la madrugada del miércoles pasado.

La muerte de Ordóñez desató una ola de protestas en varios lugares del país que los pasados miércoles y jueves dejaron 13 muertos, diez de ellos en Bogotá y tres en la vecina localidad de Soacha, de las cuales se responsabiliza también a la Policía por haber disparado para contener los actos vandálicos en los que degeneraron las manifestaciones.

Tras asumir por poder preferente “el proceso que adelantaba la Inspección General de la Policía, el Ministerio Público fijó para el próximo 1 de octubre el inicio de la audiencia contra los uniformados para que respondan disciplinariamente por las conductas consideradas gravísimas a título de dolo”.

La Procuraduría aseguró que, a su juicio, los agentes presuntamente incurrieron en conductas delictivas descritas en el Código Penal como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.

RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reconoció anoche en una sesión del Congreso que la muerte del ciudadano es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo.

“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, dijo el ministro durante su intervención como “invitado” en una sesión virtual del Senado.

Trujillo también dijo que “ya se están tomando las decisiones” del caso y que los dos policías involucrados en el arresto con violencia excesiva de Ordóñez fueron suspendidos del servicio, mientras que otros cinco también están apartados del cargo mientras avanza la investigación.

Además del proceso que sigue el Ministerio Público, la Justicia Penal Militar remitió el lunes a la Fiscalía General el expediente del caso para que sea la justicia ordinaria la que asuma la investigación.

RECOMPENSAS POR VÁNDALOS

La Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional ofrecieron este miércoles una recompensa de hasta tres millones de pesos (unos 813 dólares) por información que permita ubicar a cada uno de los 13 identificados como responsables de los actos vandálicos ocurridos durante las protestas.

Según las autoridades, esas 13 personas participaron en la asonada en la que fueron incendiados 75 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en diferentes puntos de la capital.

“Será una recompensa de hasta tres millones a cualquier ciudadano que dé información que ayude a identificar los nombres de esas 13 personas que participaron en los actos vandálicos y delincuenciales, en (los barrios de) Villa Luz, La Gaitana, Normandía, El Porvenir y Piamonte”, detalló la alcaldesa Claudia López.

Una nueva caravana de migrantes con destino a Estados Unidos se está convocando en redes sociales para salir de San Pedro Sula, Honduras, las primeras horas del mes de octubre en medio de la pandemia que se vive por el COVID-19. De acuerdo a las activistas en derechos humanos de Honduras, Itsmania Platero, los hondureños se ven obligados a abandonar su país por hambre, violencia y la falta de empleo que ha provocado la pandemia.

Abundó que se tiene considerado que serán grupos masivos de personas y familias que caminarán en caravanas con destino a los Estados Unidos, y se van a ir incrementando a su paso por Centroamérica.

El objetivo de la caravana será primero ingresar a territorio nacional y avanzar para llegar a la frontera de México con Estados Unidos. La convocatoria en redes sociales es concentrarse en la Central Metropolitana de San Pedro Sula, para iniciar la caminata a las 4 de la mañana del 1 de octubre del presente año.

Las caravanas de migrantes iniciaron desde octubre del 2018 y la última fue en el mes de enero del presente año que logró llegar hasta el municipio de Frontera Hidalgo, a unos 12 kilómetros de la frontera con Guatemala; pero fue desmantelada por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). Al abrir Guatemala sus fronteras con Honduras El Salvador y México, se espera la llegada de grandes flujos migratorios a esta frontera debido a que por la pandemia decenas de extranjeros se quedaron varados.